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Aunque Brasil es el país con el mayor número de empresas de Inteligencia Artificial (IA) en América Latina con 728 en el 2024, México es el que ha liderado el crecimiento en este tipo de compañías en los últimos años.

El reporte “La era de la IA en México, Panorama, Tendencias y Datos 2024”, elaborado por Banco Santander y Endeavor, revela que en el país azteca hay 362 compañías de IA, un crecimiento de 965% respecto a las 34 que había en el 2018. Mientras que en el periodo, en Brasil el incremento fue de 487 por ciento.

“El país experimentó un aumento impresionante en el número de empresas de IA entre el 2018 y el 2024, liderando el crecimiento en  Latinoamérica, con la tasa más alta de la región”, destaca el documento.

Otros datos que arroja el estudio para el mercado mexicano, es que las 362 compañías de IA que hay en el país, generan más de 11,000 empleos, con una inversión de 500 millones de dólares entre el 2022 y el 2023, e ingresos promedio de más de 1.3 millones de dólares.

“Dentro de México, no es de sorprender que los tres principales estados que están desarrollando este tipo de compañías son Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, ya que han logrado tener esta gran combinación del talento, la infraestructura local y también su estructura como estado, que les permite generar cada vez más emprendimientos en este sector”, comentó al respecto Carol Martínez, coordinadora del área de datos de Endeavor México.

En la presentación del estudio, detalló que la mayor parte del capital invertido en el último año, ha sido recabado por empresas que desarrollan chatbots, modelos de procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial adaptativa y generativa.

En tanto, de acuerdo con el estudio, los subsegmentos más prominentes en México incluyen: Business Intelligence & Analytics con 32%, Machine Learning con 23% y RPA & Robótica con 13%, lo que indica un enfoque en la optimización y automatización de procesos.

Algunos sectores de la economía que están usando la IA son: comercio, industrial y financiero, del que Santander forma parte, por mencionar sólo algunos.

“México se perfila como un hub emergente de innovación en IA en Latinoamérica, impulsado por el crecimiento exponencial y el interés en soluciones tecnológicas avanzadas”, detalla el documento.

Los retos

Entre los retos señalados en el estudio de Santander y Endeavor resaltan los relacionados con la ciberseguridad, cumplimiento regulatorio e inexactitud de los resultados.

Otros desafíos mencionados son la reputación organizacional, las políticas establecidas y la explicabilidad, entre otros.

IA en el sector financiero

Dependiendo del sector, la IA se utiliza en diferentes áreas. El reporte refiere que en el caso del financiero, hay cuatro principales en las que se usa y son: análisis de datos, marketing personalizado, prevención de riesgos y atención al cliente.

Es el caso de la aplicación que hace Santander México, de acuerdo con Laura Cruz, directora general adjunta de estrategia, innovación y experiencia del cliente del banco.

“Podemos incorporar cada vez más data y tener soluciones cada vez más precisas de qué significa y en qué forma es diferente y cómo lo podemos hacer, y entonces estamos mejorando toda la experiencia de nuestros clientes, apalancando casos de uso de Inteligencia Artificial”, ejemplificó.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó una sentencia dictada en un juicio de amparo promovido por una empresa farmacéutica que solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) iniciar un procedimiento para declarar nula una patente de otra empresa.

En respuesta, el IMPI determinó no estudiar de fondo la solicitud tras concluir que la solicitante carecía de interés jurídico para objetar la patente. Lo anterior, ya que no se cumplía el requisito previsto en el artículo 188 de la Ley de la Propiedad Industrial, hoy abrogada, conforme al cual ese Instituto “podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión”.

Inconforme, la empresa solicitante promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien confirmó la decisión del IMPI. Por tal motivo, la empresa aludida promovió juicio de amparo directo, en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 188 de la Ley referida, al considerar que restringe el acceso a la justicia de manera regresiva y desproporcionada por exigir un interés jurídico para solicitar la nulidad de una patente y excluir otros tipos de interés como el legítimo. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo y la empresa interpuso un recurso de revisión.

En su fallo, la Primera Sala reconoció la constitucionalidad del artículo impugnado, al reflexionar que la necesidad de acreditar un interés jurídico para solicitar al IMPI el inicio de un procedimiento de declaración administrativa con el fin de obtener la nulidad de una patente, no es regresivo, sino acorde al principio de progresividad pues, incluso en la legislación actual, se sigue requiriendo dicho interés.

Asimismo, la Sala determinó que es válido que la norma exija un interés jurídico del solicitante pues ello es necesario para mantener la seguridad jurídica en el sistema de patentes. Esto, aunado a que la resolución que emita el IMPI tendrá un efecto directo sobre quien solicite el procedimiento y remediará la violación a su derecho de explotación de la invención patentada.

Al respecto, el alto tribunal destacó que, para contar con interés jurídico, se requiere demostrar de manera fehaciente y comprobable una afectación relacionada con el derecho exclusivo de explotación de la invención patentada. De esta manera, la acreditación del interés jurídico se modula caso por caso.

Así, la Sala concluyó que ser un competidor comercial de la misma industria no genera un interés jurídico para iniciar un procedimiento de declaración administrativa ante el IMPI, ya que para ello es necesario que exista un daño individualizado susceptible de ser remediado mediante una resolución de este instituto.

A partir de estas razones, la Primera Sala confirmó la sentencia impugnada y negó el amparo solicitado.

Amparo directo en revisión 2381/2023. Ponente: Ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Resuelto en sesión de 14 de agosto de 2024, por unanimidad de votos.

Fuente: cincodias.elpais.com

Con la finalidad de regular el desarrollo y uso de la Inteligencia Artificial (IA), muchos países del mundo se encuentran actualmente en una vertiginosa carrera para evaluar el marco legal de esta herramienta. 

Tal es el caso de la Unión Europea (UE), en donde ya está evaluando la conocida Ley de IA, que se centra principalmente en fortalecer las reglas sobre la calidad de los datos, la transparencia, la supervisión humana y la responsabilidad sobre esta tecnología. 

Dicha Ley, también abordaría cuestiones éticas y desafíos de implementación en varios sectores, que van desde la atención médica y la educación, hasta las finanzas y la energía.

En este contexto, el reporte del Índice de la inteligencia artificial 2023, elaborado por la Universidad de Stanford y publicado el 3 de abril, evidencia que Occidente y algunos países asiáticos están creando cada vez más normas.

El documento detalla que, según los registros legislativos son 127 países analizados los que hasta el momento han aprobado leyes para regular la IA, entre ellos USA, Portugal, España, Italia, Rusia, Bélgica y Reino Unido. 

En este sentido, la regulación europea entrará en vigor en 2024 y Bruselas afirma que su principal objetivo es abordar los riesgos generados por los distintos usos de la IA a través de un conjunto de normas complementarias, proporcionadas y flexibles. 

En respuesta a lo anterior, especialistas en el tema coinciden en que urge una normativa para la IA, ya que nos adentramos en un territorio sin ley e inexplorado, lleno de oportunidades pero del que desconocemos todos los riesgos, razón por la cual, debemos reflexionar de forma crítica sobre cómo se quiere que se desarrollen las IA que se alimentan de cantidades ingentes de datos. 

Asimismo, algunos señalan que el impacto en la sociedad de la IA es innegable y se debe regular y legislar acerca de los límites éticos del uso de tecnologías disruptivas, ya que el motivo de la regulación se debe entender desde la base de que la IA es un software llamado a ejecutar tareas que, hasta hace poco, las realizaban los humanos.

Finalmente, podemos añadir que aunque no existe un consenso entre los expertos consultados sobre si sería mejor implementar distintas regulaciones a nivel regional o una gran regulación a nivel global para la IA, muchos coinciden en la idoneidad de una suerte de “declaración mundial de la inteligencia artificial”, pero dudan si un pacto de este tipo sea probable, posible o efectivo.