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Luego de 30 años de impulsar acciones jurídicas en defensa de las marcas mexicanas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará este jueves, si es inconstitucional el artículo 151 fracción 1 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual aborda la prescripción de las marcas otorgadas por las diversas oficinas de propiedad industrial de todo el mundo.

El Pleno iniciará su Sesión Pública Ordinaria con la Contradicción de Tesis 187/2021, suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la SCJN, al resolver, por una parte, los amparos directos en revisión 4872/2015 y 2471/2011, y por la otra, el amparo directo en revisión 8247/2019.

Cabe mencionar que el artículo 151 fracción I y último párrafo de la Ley de la Propiedad Industrial, podría vulnerar el principio de seguridad jurídica, al disponer que la acción de nulidad puede ejercitarse en cualquier tiempo, cuando el demandante argumente que dicho registro se otorgó en contravención a las disposiciones de la ley vigente en el momento de la expedición del registro. Es así que, estas modificaciones en la legislación contravienen todas las disposiciones legales y extralegales en la materia a nivel internacional.

Sin embargo, según la opinión de expertos en el área, resulta innecesaria la declaración de inconstitucionalidad al artículo 151 fracción 1 de la Ley de Propiedad Industrial, pues basta con limitar el tiempo en que se pueda fundar una acción de nulidad, como lo es en otras causales, y enfatizan que se trata de que la legislación proteja los derechos de las marcas mexicanas. 

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Con información de: El País.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que la Biblioteca de México, la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso deben contar con un permiso para digitalizar y poner a disposición del público los materiales que conservan. Dicha decisión ocurrió luego del estudio de los dos primeros asuntos de diversos amparos interpuestos por más de 80 productores y autores de contenidos, en los que Sala concluyó que “la Ley General de Bibliotecas (LGB) debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), en particular, respecto a la autorización que los productores y autores otorguen de sus obras” para proteger las obras.

Esta acción ha sido criticada por autores, bibliotecarios y activistas que consideran que la medida es “absurda” e “innecesaria” y puede afectar al resto de las bibliotecas del país, debido a que los libros, canciones, películas y otros contenidos creados en México ya no podrán ser consultados en las tres bibliotecas depositarias del país sin la autorización previa de los titulares de los derechos de autor. 

Autoras como Vivian Abenshushan, Isabel Zapata o Carla Faesler, han criticado la medida, y a juicio de Alejandra Quiroz, bibliotecaria durante cinco años en la Biblioteca Vasconcelos, la medida es “absurda” porque “contraviene todo el sentido” de estas instituciones. 

Para la abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, Grecia Macías, la sentencia, que aún no ha sido publicada por la SCJN, “da a las editoriales una bala para contrarrestar la consulta gratuita de muchos materiales” porque también abre la posibilidad a que los ejemplares entregados tengan “candados” que eviten su copia, transmisión o traducción. 

En contraposición, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) celebró la noticia al considerar que con esta decisión “la SCJN otorga seguridad jurídica en la aplicación de la Ley General de Bibliotecas (LGB) y salvaguarda los derechos de propiedad intelectual, brindando razón al sector creativo frente a los reclamos contra el impreciso y ambiguo texto de la Ley”.

Finalmente es preciso mencionar que esta medida es considerada como un duro golpe al derecho al acceso al conocimiento de los mexicanos, ya que se obstaculiza que las bibliotecas y el “depósito legal” preserven y difundan el acervo cultural y científico en beneficio de nuestro pueblo. 

Asimismo, Isla del Campo considera que, con está decisión no se ponderó el derecho de acceso a la cultura, validando que los titulares de derechos de autor deben autorizar previamente la consulta pública de las obras en resguardo, lo que se traduce en una amenaza sustancialmente la labor de las bibliotecas y el derecho de acceso al conocimiento de la población; y puede fomentar el incremento del hostigamiento legal por parte de los grandes titulares de derechos de autor en contra de las bibliotecas.