Autoridades, empresarios y especialistas coincidieron en que el combate al contrabando y los delitos en materia de derechos de autor exige una estrategia integral que combine leyes más efectivas, mayor cooperación entre instituciones y una profunda labor de concientización ciudadana. Así lo expresaron durante el Foro Nacional por el Día de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El evento reunió a representantes del sector privado, organismos civiles y dependencias gubernamentales con un objetivo común: frenar un fenómeno que daña a la economía formal, reduce la recaudación fiscal y pone en riesgo la seguridad pública.
De acuerdo con datos presentados en el foro, en 2024 fueron asegurados 1,8 millones de productos con presunta condición de piratería o contrabando, valuados en 42 millones de pesos, lo que representa un incremento de 85% respecto al año anterior. Los sectores más afectados incluyen la industria textil, farmacéutica, digital y tabacalera.
El director general del IMPI, Santiago Nieto Castillo, destacó que la falsificación de marcas no es un problema menor, sino un delito con implicaciones económicas y sociales profundas. “Combatir el contrabando es fortalecer el Estado de derecho y proteger la innovación”, afirmó.
El costo oculto de la ilegalidad
Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin, subrayó que la ilegalidad “es un costo oculto” que frena la inversión y el empleo formal, mientras que Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que estos delitos suelen estar vinculados con redes de corrupción y crimen organizado.
Los participantes enfatizaron la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad: actualmente solo tres de cada diez mexicanos han escuchado hablar del concepto de propiedad industrial, lo que refleja la urgencia de promover educación y responsabilidad social en torno a los derechos de autor y de marca.
Además de los efectos económicos, se alertó sobre riesgos sanitarios derivados del comercio ilegal de medicamentos falsificados o sin control, y sobre el impacto que las medidas fiscales mal calibradas —como los aumentos impositivos al tabaco— pueden tener al incentivar el mercado negro.
El IMPI reiteró su compromiso de trabajar junto con las autoridades aduaneras, judiciales y fiscales para fortalecer la vigilancia y modernizar los marcos legales que permitan frenar la falsificación y la piratería en México.





