“Todo gran talento conlleva una gran responsabilidad”.
Es innegable que no todos los mexicanos cuentan con los mismos medios económicos y educativos para hacer valer el derecho a uno de los principios constitucionales fundamentales establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reza: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia…”
Y es que, lamentablemente, los datos arrojados por diversas instituciones, concluyen que tanto la pobreza como la falta de acceso a la justicia, son sin duda dos de los más importantes retos que enfrenta nuestro continente.
Tal es el caso, que el Centro de Investigación en Política Pública (IMCO), develó en un estudio realizado en México, que de 100 delitos, sólo se denuncian 10; de esos 10, 7.3 quedan rezagados, 1.4 siguen en trámite y sólo el 1.3 se resuelven. Lo que se traduce en una profunda falta de igualdad en la atención de las víctimas, agudizando así la problemática social.
Bajo estas circunstancias, es preciso señalar que en nuestro país, entró en vigor la Declaración Pro Bono para el Continente Americano el 8 de junio de 2011, de la cual resaltan principios como: las 20 horas de trabajo Pro Bono al año, apoyar la constitución, desarrollo y funcionamiento de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la prestación de servicios legales en interés público; propugnar y promover entre los abogados el reconocimiento y la promoción de los servicios legales Pro Bono como parte integral de los estándares y obligaciones éticos de la profesión y, además, establece que la calidad del trabajo Pro Bono debe ser igual al trabajo remunerado.
Es así que, cada vez surge con mayor fuerza la necesidad de que los ciudadanos puedan aspirar a un Estado de Derecho, a la justicia y a la igualdad, donde los abogados juegan un papel fundamental, ya que conscientes de las distintas realidades que los rodean, pueden cuestionar dicha problemática y ser profesionistas socialmente responsables.
En este tenor, es propicio definir “Pro Bono”, como la expresión latina que significa “por el bien público” o “por el bien común”. A nivel internacional, la comunidad jurídica lo entiende como: el asesoramiento y/o representación jurídica gratuita que se da en beneficio de la sociedad. En palabras más simples, el trabajo legal Pro Bono es una herramienta que busca fortalecer el acceso a la justicia, ello en atención a personas físicas o morales que de otra forma no tendrían acceso a una representación legal.
¿Cómo funciona el trabajo Pro Bono en México?
El trabajo Pro Bono se lleva a cabo a través de centros de coordinación o clearing houses, las cuales son intermediarias entre el beneficiario y la ayuda legal a la que tendrán acceso. Estas instituciones son el primer punto de contacto con los beneficiarios, por ello, su labor es identificar a las y los especialistas legales que puedan atender determinados casos y poner en contacto a ambas partes.
Asimismo, es importante mencionar que cualquier caso puede llevarse Pro Bono; si bien, en los últimos años se han institucionalizado los esfuerzos para propiciar esta práctica en distintos despachos, los abogados pueden hacer Pro Bono sin que éste sea estandarizado, ya que esta labor se puede llevar a cabo en las distintas ramas del derecho.
En Isla del Campo S.C., propiciamos ser agentes de cambio social, por ello, nuestra socia Gloria G. Isla preside la Comisión Pro Bono de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual AC. (AMPPI), con la cual hemos logrado cumplir con el compromiso que tenemos frente a la construcción del país, al facilitar asesoría jurídica gratuita en materia de propiedad intelectual e industrial a personas con iniciativas empresariales que aún no tienen la solvencia económica para asumir los honorarios profesionales de un abogado altamente calificado, que pueda guiarlos paso a paso en el proceso de consolidación de su emprendimiento.
Es por eso que nuestra firma, extiende el llamado a que más abogados se unan a invertir parte de su tiempo en brindar asesorías gratuitas, voluntarias y de calidad a aquellas personas que lo requieren, con la finalidad de procurar un acceso más oportuno e igualitario a la justicia.